Nuestra democracia se encuentra en su momento más débil. Golpeada por el deterioro de la también débil institucionalidad que tenemos, cada vez más afectada por este gobierno, que no ha hecho nada para fortalecerla en lo más mínimo, por el contrario, la turbia transparencia y las respuestas ambiguas sobre el accionar del Estado en sentido amplio, son una muestra de lo que realmente carece de importancia para las presentes autoridades a cargo de la gestión pública.

Es natural ya escuchar a ciertos funcionarios decir que están en esa posición porque se lo pidieron, no porque lo necesitan, cuando se les cuestiona por cualquier tema relacionado a sus funciones y si se ven en un escándalo, la respuesta conveniente es que fue “tratando de hacer algo de buena fe”.

Existe un apagón informativo muy alto, y una exagerada inversión en publicidad e “influencers” de las redes sociales, ni siquiera con el fin de “hablar bien del gobierno”, su misión es solo “la omisión sistemática de críticas” o para “crear tendencias y escándalos faranduleros” que surgen de la nada y distraen la opinión pública. Son simplemente una barrera de contención que conduce el tráfico del debate abierto de las ideas a un juego de suma cero en el imaginario social.

Ahora, el Poder Ejecutivo se despacha con promulgar una Ley para convertir el Departamento Nacional de Investigación en una Dirección Nacional de Investigación, con una serie de artículos y párrafos que parecen estar escritos con un férreo sentimiento leninista y conceptualizada al mejor estilo orwelliano (a propósito de la novela “1984” de George Orwell).

La ley propone el manejo de datos de instituciones públicas y privadas, lo cual incluye asuntos personales que entrarían en conflicto, por ejemplo el secreto bancario y la privacidad que da la democracia en sentido estricto a la libre interacción de las personas y entidades privadas de cualquier tipo. Además, de tener el derecho de acceso a bases de datos de cualquier índole, sin la necesidad de una Orden Judicial. Esto sigue sonando a la ya mencionada, y reconocida, novela de Orwell.

El Ministerio Público ha insistido en decirnos que por primera vez es “independiente”, pero en el orden del discurso es un juego de palabras eficientemente absurdas. Nuestra composición del Estado desde siempre se ha dividido en tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. No hay tal independencia con tanto hilo vinculante con el Ejecutivo. Es pura fonética comunicacional o semántica organizacional. Estamos hablando de un sistema de gobierno que el PRM desea implementar basado en el temor a las libertades más elementales de cualquier democracia que se denomine decente. 

Esta Ley 1-24, presentada por primera vez en el año 2021, pasó a comisión varias veces y por diferentes momentos de escándalos porque su interpretación puede apelar a intervenir en la libertad de prensa y opinión; sus artículos son tan poco profundos y a la vez nebulosos, que le otorga poderes altamente peligrosos y conflictivos a una Dirección que prácticamente se hace omnipotente en nombre del cuidado de nuestra soberanía nacional. El o la Ciudadana vista como una entidad, no asumiría una legislación tan siniestra a sus libertades sociales. 

Parece que no es suficiente la efectiva compra de voluntades y opiniones que ha logrado este gobierno con el uso exorbitante de recursos en publicidad que le ha resuelto su quincena a cualquier persona que se haya dedicado a ser popular por las redes sociales, incluyendo, aquellas cuya audiencia no influye en las decisiones fundamentales del tejido social. El asunto es tener dominio y pase libre para la represión, el hostigamiento y la persecución. 

¿Por qué se debe de gobernar con tanto temor y elevar la coacción gubernamental a estos niveles?

Este país cuenta con las herramientas para hacer buenas gestiones y lidiar con la diversidad de opiniones, la oposición y los desacuerdos comunes de la mecánica política social en el más gregario de los sentidos. No obstante, luego de tanto alardear de justicieros, ahora nuestros logros alcanzados en estructurar un estado de derecho convincente, están en un verdadero peligro. Al parecer ya entramos a la fase distópica de esta gestión de gobierno.

El contraste extremo se pone cada vez más de manifiesto. La lucha constante por la atención en una sociedad conectada 24/7 recibiendo datos por diferentes plataformas, ha puesto de moda que en el acontecer político, cosas que suelan llamar al escándalo o al desagrado de una parte de la población, se le catalogue como la vieja política y que se entienda que la nueva política es la correcta.

Esta clasificación agrupa tanto y peca de generalizar. Es un término que asume que la política y la gobernanza que han ocurrido, generalmente, no está a la altura de lo que algunos consideran tiempos modernos. Sin embargo, esa nueva política es una que parece vieja. Estamos en una época en donde rara vez se hace algo que no se haya hecho antes, pero ¿quién anda buscando antecedentes de nada?

Intentar ser novedoso es legítimo, además, para algunas personas parece ser un camino muy “cool” por así decirlo, porque nos invita a ir por senderos que me recuerdan a las ilustraciones de los cuentos infantiles, con verdor, brisa agradable, saludando a nuestro paso por el frente de la casa de esa vecina o vecino amable y cordial, viendo animalitos correr o volar de manera armoniosa adornando el paisaje, y en una actitud presta a resolver de manera simple los inconvenientes que se presentan.

Sin embargo, lo viejo y lo nuevo no siempre es garantía de mejoras, sólo llena un vacío que nace del acumulo de decepciones. Es como ofrecer la palabra “cambio” como algo netamente positivo, cuando estamos conscientes que en nuestra vida personal no todo cambia para mejor; hasta la muerte repentina de un ser querido es un cambio que genera dolor y muchas veces desbalance en una familia.

Es cierto e innegable que hay prácticas en la política que se repiten una y otra vez que no son del agrado de la clase media, y que realmente caen en un efecto de violencia económica como la configuración de un escenario político , sobre todo por demarcación, basado en el derroche de dinero y parafernalias. Mientras que al mismo tiempo, observo a una clase que se acomoda en la crítica, pero que no se integra a generar soluciones duraderas y concisas.

A la clase más necesitada se le acusa de ignorante, pero yo me sorprendo diariamente de la cantidad de personas de la clase media, formadas y con carrera de éxito, que conocen muy poco del Estado, o ignoran totalmente ciertas legislaciones que afecta nuestro desarrollo democrático y que caen víctimas en todas las distracciones faranduleras que se promueven cada vez que algo importante pasa que afecte al Gobierno.

Lo peor es que el aprecio por la democracia ha ido en constante decrecimiento, lo que significa, que corremos peligro de volver a regímenes menos democráticos, y que se le nombre “la nueva democracia”.

Mientras tanto, la política actual no escatima recursos en silenciar hasta “influencers”, no matándolos, pero sí haciendo uso de nuestros recursos para publicidad digital que abarca el pago a personas con muchos seguidores, incentivo que sirve para calmar a la población inconforme. Esta práctica sería parte de una nueva política 5G que de positivo, no tiene nada.

Entiendo que la mejor práctica es aquella donde evalúas las cosas bajo parámetros de resultados obtenidos, tomando en cuenta los errores y las posibles mejoras porque hay que reconocer que muchas cosas buenas se fueron desvirtuando con el tiempo y muchas cosas malas se han hecho con artefactos modernos, lo que indica que: lo viejo, lo nuevo y el cambio, en sentido general, no funciona, solo es lógico en temas específicos.